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Reseña sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía. Por Luis Pomed, Letrado del TC

Fuente: AEPDA

Reseña de Luis POMED, Letrado del TC

El Tribunal Constitucional ha debido enfrentarse en numerosas ocasiones a las dudas suscitadas acerca de la constitucionalidad de la regulación que del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana se contiene en la Ley de haciendas locales. Así, en las sentencias 59/2017, de 11 de mayo, y 126/2019, de 31 de octubre, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del método objetivo adoptado por el legislador para calcular la base imponible cuando gravaba situaciones en las que no había incremento de valor o cuando la cuota del impuesto a satisfacer por el contribuyente era superior al incremento real.

La reciente sentencia 182/2021, de 26 de octubre, va más allá y declara la inconstitucionalidad y nulidad de la regla de cálculo de la base imponible del tributo, la tradicional plusvalía, al infringir el principio de capacidad económica. Los preceptos legales anulados establecen un único método de determinación de toda la base imponible, de carácter objetivo e imperativa aplicación, que deja por entero al margen la capacidad económica real del contribuyente. El método anulado parte de la premisa del incremento constante del valor del suelo urbano y arroja un resultado que no solo no tiene por qué coincidir con la realidad sino que se impone a esta, al no permitir al ciudadano acreditar un incremento efectivo distinto. En palabras de la propia sentencia, el mantenimiento de este sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y definido sin atender a la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica.
La sentencia concluye con la anulación de los artículos de la Ley de haciendas locales que recogen este método objetivo de determinación de la base imponible, lo que “impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad”, con la sola excepción de aquellos supuestos en los que, a la fecha de dictarse la sentencia —26 de octubre de 2021—, haya ganado firmeza la resolución judicial o administrativa definitiva.

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