El cambio de modelo territorial hacia la sostenibilidad que inicia el legislador estatal en España hace ahora casi diez años con la aprobación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, culminado de momento con la aprobación del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015, con acierto incorpora un instrumento para asegurar la sostenibilidad económica de las actuaciones urbanísticas que se proyecten, con objeto de conocer de forma prospectiva el impacto que su ejecución pueda causar en las haciendas públicas como consecuencia de las obras que se hayan de realizar y de los servicios públicos que se deban prestar en el futuro. A la evaluación económica del planeamiento se suma la evaluación ambiental del mismo que viene aplicándose desde la aprobación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, y en la actualidad según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambienta