La Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias cumple tres años

Hace ya tres años que el Parlamento de Canarias aprobó la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2017. Interpuesto recurso, su constitucionalidad fue avalada por la Sentencia del Tribunal Constitucional número 86/2019 (BOE 25 de julio de 2019). En aras de la certidumbre jurídica, deroga directamente la normativa que se oponga a dicha regulación, incluso las determinaciones recogidas en los instrumentos urbanísticos. No obstante, se respeta la legislación sectorial que sigue siendo de preferente aplicación.

Esta Ley ha sido objeto de un amplio desarrollo reglamentario: Decreto 181/2018 de Planeamiento; Decreto 182/2018 de Intervención y protección de la legalidad; Decreto 183/2018 de Gestión y ejecución del planeamiento; Decreto 13/2019 de creación del Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, y se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento; Decreto 25/2019 que crea el Registro de Planeamiento y aprueba su reglamento y funcionamiento; Decreto 26/2019 que aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Oficina de Consulta jurídica sobre ordenación del territorio y urbanismo de Canarias; Decreto 35/2019 que aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Observatorio del Paisaje.

La legalidad del Reglamento de Planeamiento fue ratificada mediante Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 105/2020, de 23 de marzo (salvo la DA primera y el apartado 4 del artículo 111). Los principios fundamentales del nuevo sistema urbanístico que se instauran, pueden resumirse en las siguientes ideas:

-El fundamento de su regulación es  el desarrollo sostenible. Mantiene la extensión y regulación de los espacios naturales protegidos, reflejando expresamente el principio de no regresión. Incorpora el objetivo de lucha contra el cambio climático y movilidad sostenible. Ordena la propiedad del suelo y su utilización de conformidad con estos principios y la ya conocida función social de la propiedad.

-Ordena en un único texto, aprovechando la experiencia normativa previa, la regulación del suelo como recurso natural en sus tres dimensiones: ambiental, territorial y urbanística, reforzando la prevalencia del valor ambiental sobre el resto de la ordenación.

-En la ordenación del estatuto jurídico de la propiedad del suelo, se clarifican los derechos y deberes de los propietarios en las diferentes clases y categorías de suelo, prestando especial atención a la protección de los suelos ambientales y los agrarios. En particular, reordena las reglas aplicables a los suelos agrarios para viabilizar las actividades del sector primario, regulando, entre otros, usos complementarios que permitan a los profesionales del sector completar sus rentas. También, incorpora medidas para reclasificar suelos urbanizables a rústico y prohíbe la clasificación de nuevos suelos urbanizables en línea con el principio de contención en el consumo de suelo.

-En materia de planeamiento, se mantiene la estructura existente y se incorporan nuevos instrumentos de ordenación para atender nuevas situaciones. Y se descentraliza la competencia de aprobación de los planes (se pasa de un procedimiento bifásico a uno monofásico). Se integra la evaluación ambiental estratégica dentro del procedimiento de elaboración y aprobación de los planes, permitiendo la creación de órganos ambientales insulares y municipales (junto al autonómico).

En particular, en cuanto al impacto de los nuevos instrumentos que se aprueben sobre las edificaciones existentes, se desarrolla la situación legal de consolidación y, con carácter excepcional, la situación legal de afectación por obra pública, dejando la controvertida situación de fuera de ordenación para la disciplina urbanística. De esta manera, se logra una regulación más equilibrada de las situaciones en las que se encuentran los particulares por alteración del planeamiento, evitando situaciones absurdas e injustas que se venían produciendo. Se flexibiliza la modificación de los planes para facilitar su adaptación a nuevas necesidades.

-En cuanto a la gestión y ejecución del planeamiento, se mantiene la regulación anterior (sistemas públicos y privados), reforzando la garantía de los derechos de los propietarios minoritarios para evitar situaciones de abuso. Se aclara y flexibiliza la regulación de la recepción de las obras de urbanización (admitiendo recepciones parciales y por servicios).

-En materia de intervención en la edificación y uso del suelo, la regla general es la comunicación previa y la excepción la licencia urbanística. Esta última únicamente procede en  los supuestos tasados por la Ley. Los Ayuntamientos vienen aplicando esta regulación desde el primer día. Se admiten incluso determinados usos habilitados directamente por la ley al considerarse que son inocuos.

-En materia de disciplina urbanística, se mantienen y refuerzan las técnicas de restablecimiento de la legalidad y sancionadoras para afrontar las situaciones que se produzcan contra legem. No obstante, en aras de la seguridad jurídica, se precisan los plazos de restablecimiento de la legalidad -y los supuestos de imprescriptibilidad- y se regula el régimen de fuera de ordenación, admitiendo la tutela de los usos que se hubieran consolidado por el transcurso del tiempo. En materia sancionadora se actualizan las sanciones y se suprime la condonación de la sanción por restablecimiento y legalización (a diferencia de la situación anterior).

A pesar del poco tiempo transcurrido el sistema legal está en desarrollo y consolidación, tal y como lo demuestran la amplia información que aparece en los boletines oficiales (planes, convenios, informaciones públicas y audiencia, etc.), las diferentes iniciativas que se están tramitando, el ajuste de las Administraciones públicas a la nueva estructura administrativa (creación de los órganos ambientales, etc.), o la generalización de los múltiples títulos administrativos que se desenvuelven en el ámbito local (comunicaciones previas, consolidación urbanística etc.), entre otros múltiples aspectos. Técnicos y juristas van familiarizándose con los principios y las nuevas técnicas que incorpora la Ley.

Cabe destacar la existencia de una nueva generación de técnicos y juristas que se vienen formando en esta legislación, mediante cursos de Acadur, Colegios profesionales, administraciones públicas o los impulsados por las Universidades canarias, sea a través de jornadas, seminarios o mediante el seguimiento de la asignatura de Derecho urbanístico en el Grado en Derecho. También, a través de la formación de posgrado, como el que ofrece el Master en Derecho Urbanístico de La Laguna (ya en su 4ª ed.) con la colaboración del Cabildo insular de Tenerife.

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