El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pone en marcha una Comisión municipal de Evaluación Ambiental

Prensa Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 29/11/2019

Este órgano ambiental ayudará al Consistorio a gestionar con mayor eficacia los planes y proyectos, según detalló en el Pleno de hoy el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Juan Ramón Lazcano.

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado hoy luz verde, por unanimidad, a la creación de una Comisión de Evaluación Ambiental, propuesta por el concejal responsable de Urbanismo e Infraestructuras, Juan Ramón Lazcano y que previamente había sido aprobada también el pasado 22 de noviembre durante la reunión de la Comisión de Planificación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente.

El edil del equipo de gobierno detalló que la puesta en marcha de este órgano se basa en la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que posibilita la creación de un órgano ambiental propio que actúe en los expedientes de evaluación ambiental estratégica de planes, programas y proyectos que estén incluidos en el ámbito competencial municipal.

Lazcano recordó que anteriormente se habían formalizado convenios con el Gobierno de Canarias para que sea la Consejería la que lleve a cabo la tramitación de la fase de evaluación ambiental, “con nefastas consecuencias para la aprobación de los planes, ya que se encuentran paralizados por la ausencia del informe de la Consejería, incumpliendo así el plazo de tres meses que establece la normativa para emitir dicho informe preceptivo”.

En este sentido, consideró que este nuevo órgano ambiental que empieza a andar, “es una buena noticia para Santa Cruz, porque nos ayudará a gestionar con mayor eficacia nuestros propios planes y proyectos”.

Esta Comisión, que queda adscrita a la Concejalía de Medio Ambiente, estará conformada por tres miembros, de los que uno será su presidente, y los otros dos vocales, designados libremente por la alcaldesa de Santa Cruz, de entre personas con reconocida competencia profesional, y con formación y especialización acreditadas en materia jurídica, territorial y medioambiental, tanto del sector público como privado.

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