Conclusiones de la Abogada General en el asunto C-642/18 planes de gestión de residuos de Canarias y Baleares

49.      Por consiguiente, contrariamente a lo afirmado por España, el artículo 30, apartado 1, de la Directiva sobre residuos debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros deben evaluar los planes como mínimo cada seis años y, en caso de que sea necesario, también revisarlos dentro de ese plazo, algo que no ha ocurrido en el presente caso.

51.      En cambio, habría que desestimar la segunda pretensión de la demanda, que tiene por objeto que se declare que, al no haber informado oficialmente a la Comisión de la revisión de los planes de gestión de residuos por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas de Illes Balears y de Canarias, España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 33, apartado 1, de la Directiva sobre residuos. En concreto, España alega acertadamente que, de conformidad con el artículo 33, apartado 1, de la Directiva sobre residuos, solo hay que informar a la Comisión de las revisiones sustanciales de los planes de gestión de residuos. Sin embargo, la Comisión no ha demostrado que la revisión de los planes de estas dos Comunidades AuConclusiones AG Asunto C-642-18 planes de gestion residuos Canarias y Balearestónomas suponga necesariamente cambios sustanciales.

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