El Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias de 2017

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA CONSTITUCIONAL LA LEY DEL SUELO DE CANARIAS

Únicamente se anulan dos apartados de un artículo y dos incisos de otros dos artículos de los 408 artículos y 50 disposiciones que contiene la Ley

Mediante sentencia de 20 de junio de 2019, el Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados contra la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias de 2017.

La Sentencia avala la constitucionalidad de la Ley en su conjunto, limitándose a declarar la inconstitucionalidad de dos apartados de un artículo y dos incisos de otros dos artículos (tres en total son los preceptos afectados).

El recurso se dirigió contra 25 de los 408 artículos y 50 disposiciones que tiene esa Ley, por tanto, dando por buena ya desde ese momento la mayor parte de la misma. El Tribunal Constitucional desestima -y por tanto, acepta la constitucionalidad- de 22 de los artículos impugnados, entre ellos los relativos a la atribución a Cabildo y Ayuntamientos de la competencia para aprobar los planes insulares y municipales; los que regulan la actividad del sector primario en el suelo rústico, superando una visión museística del mundo rural, incluyendo el régimen de usos complementarios; los instrumentos (proyectos de interés insular, ordenanzas provisionales) diseñados para permitir responder necesidades sociales sobrevenidas, en línea con otras Comunidades Autónomas; la simplificación de los controles administrativos con la supresión de la calificación territorial para actuaciones en suelo rústico o el régimen de comunicación previa.

El Tribunal se limita a anular los apartados de un artículo (el 60) y dos incisos de dos artículos, en concreto los siguientes:

-Art. 60.4: Que permitía la instalación de almacenes y otras dependencias vinculadas con actividades pesqueras en suelo rústico colindante con puertos pesqueros; se permite el uso, pero no esa clase de instalaciones.

-Art. 60.6.b): Que prevé el traslado y nueva construcción de edificios en fuera de ordenación afectados por una obra pública (carretera).

Este precepto procede del Texto Refundido de Ley de Ordenación del Territorio (art. 66.8), sin que, durante los 17 años en que estuvo vigente, nadie lo cuestionara.

-Art. 123.4: Que, en relación con los proyectos de interés insular o autonómico, permitía excepcionalmente llevarlos a cabo con independencia de la clasificación del suelo; el Tribunal precisa que esta posibilidad sólo cabe en los casos mencionados expresamente en la Ley. En todo caso, con esta salvedad, la regulación de estos proyectos es declarada constitucional.

-Art. 174.2: Que establecía una presunción sobre cuándo un determinado proyecto de obra podía  entenderse que no tenía efectos significativos para exigir su evaluación ambiental. El Tribunal lo anula, reconociendo que sigue siendo posible, pero mediante declaración caso a caso por el órgano ambiental.

Se da la paradoja de que se trata de un precepto que procede de la Ley de simplificación y armonización de 2014 (art. 45).

Como se avanzó, todos los demás preceptos recurridos son declarados conformes con la Constitución.

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