El juzgado suspende por segunda vez el cierre del emisario submarino de Güimar (Tenerife)

Comunicación Poder Judicial

La medida tiene en cuenta el eficaz control que las administraciones han proyectado sobre las emisiones, certificadas por analíticas de la ULL

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 de Santa Cruz de Tenerife ha notificado hoy viernes el auto que resuelve la segunda medida cautelar sobre la suspensión de cierre del emisario submarino del Polígono Industrial del Valle de Güímar, decidido por decreto de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Candelaria. Esta segunda medida cautelar también fue solicitada por la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial del Valle de Güímar.
El magistrado que dictó la sentencia, Jorge Riestra Sierra, explica personalmente el auto:
“La primera medida cautelar, decidida el 13 junio de 2017, expiró a los nueve meses inaplazables desde su concesión, sin posibilidad de continuar desplegando efectos. El auto de esta segunda medida cautelar acuerda una nueva suspensión cautelar del cierre del emisario del Polígono Industrial, con un contenido diferente, y no es prórroga o continuación de la primera medida cautelar, teniendo en cuenta la transformación de la realidad con los importantes avances que las administraciones afectadas han conseguido de manera coordinada y actuando en aplicación del principio legal de eficacia de la acción administrativa, aportando unos resultados de buena calidad en las aguas costeras, según los análisis del Servicio de Medio Ambiente de la Universidad de La Laguna, y de otro laboratorio también acreditado al efecto.
El asunto tiene un evidente interés público medioambiental; no afecta a la intimidad de ninguna persona, y por ello el Juzgado hace pública esta información a través del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia, previa notificación a las partes.
El Juzgado en esta resolución de medida cautelar considera que el interés general de preservar los valores medioambientales de aguas costeras de buena calidad, que exigen las directivas europeas, y la legislación sobre aguas y salud pública, resulta protegido con las medidas que han llevado los Ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar en coordinación con el Consejo Insular de Aguas de Tenerife, y que se concretan en síntesis
en las siguientes actuaciones:
1) Censos de vertidos, que permiten conocer lo que vierte cada empresa, su composición, y qué pretratamientos tiene.
2) Los análisis de agua costera, cuya valoración de calidad ha resultado positiva.
3) La puesta en marcha de la antigua estación depuradora que ya supone una reconducción interina del tratamiento de los vertidos a un estadio anterior en que estaban autorizados.
4) La redacción del proyecto de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales mucho más ambiciosa con una base de licitación de 6.916.445,76 €.
5) La previsión de un cronograma detallado de un Plan de etapas para obtención de la legalización definitiva de los vertidos depurados y de la puesta en marcha y una vez construida la nueva Estación Depuradora de Aguas Industriales.
Según esta decisión del Juzgado, de una situación descontrolada y de abandono se ha pasado a una situación de conocimiento y control de los vertidos, de tratamiento y trámite de legalización, con una mejora sustancial de la situación medioambiental, según los análisis en el mar efectuados, con resultado de buena calidad de las aguas.
Por ello, esta decisión judicial cautelar explica que ahora estamos en una nueva medida cautelar que debe valorar una situación jurídica y de hecho transformada por el avance expuesto debido a la actuación coordinada de las Administraciones, tras el del primer Auto de medidas cautelares, para adecuar la situación a la normativa europea y nacional sobre vertidos, obteniendo unos resultado analíticos de las aguas costeras que sí se ajustan a esta normativa”.

 

 

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